PP y C's resucitarán en el Parlament el debate sobre la prohibición de los toros en Cataluña apelando a las dificultades de las arcas de la Generalitat para hacer frente a las indemnizaciones que contempla la Ley.
El grupo parlamentario popular registrará este lunes en la Cámara catalana tres preguntas al Govern en las que interrogan al Ejecutivo sobre si ya ha calculado el coste de aplicar la Ley y ahondan en el impacto que la entrada en vigor de la norma tendría en las finanzas catalanas y en el sector taurino.
La ley publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) en agosto del año pasado prevé en su Disposición Adicional Primera que el Govern determine el importe de las compensaciones económicas derivadas del cese de los festejos taurinos en Cataluña antes de junio de 2012, "con audiencia a los interesados".
Las preguntas, a las que ha tenido acceso Europa Press y que están firmadas por el diputado del PP Rafael Luna, interrogan también al Ejecutivo sobre la posibilidad de ampliar la moratoria legal prevista en la Ley más allá de enero de 2012.
Por su parte, C's ya está trabajando para presentar antes de verano una propuesta para que se paralice la prohibición, alegando que la situación financiera de la Generalitat no aconseja desplegar una Ley que incrementará los gastos de la Administración.
Ambas formaciones se escudan en la crisis económica para intentar que se posponga la entrada en vigor de la norma, aunque subrayan que su objetivo final es la derogación de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña.
UN COSTE DE 300 MILLONES
Según un estudio económico de la Plataforma para la Promoción y Difusión de la Fiesta de los Toros, el coste que tendrá la supresión de los espectáculos taurinos rondará los 300 millones de euros.
El cálculo se remite a los 4,4 millones de ingresos que generó la temporada taurina de Barcelona en 2007, a razón de las más de 111.000 localidades vendidas en La Monumental a una media de 40 euros cada uno, y apela al derecho civil catalán para asegurar que en caso de impedir el uso de una licencia de actividad se debe indemnizar el ejercicio de la misma durante los siguientes 99 años.
El informe de la plataforma hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, y se fundamenta en que durante los espectáculos taurinos intervienen tantos actores --toreros, ganaderos y propietarios, entre otros--, que las indemnizaciones deben ser extensivas a todos ellos.
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